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Patricia Bullrich plantea endurecer penas a las protestas

11 de enero de 2024

La ministra de Seguridad propuso penas -como la cárcel- para manifestantes y organizadores de piquetes en Argentina.

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Foto de archivo de personas que protestan contra las reformas de Milei en Argentina.
Algunas de las medidas estaban incluidas en el protocolo 'antipiquetes' que presentó Bullrich poco después de que asumiera el actual Gobierno.Imagen: Agustin Marcarian/REUTERS

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, planteó este miércoles (10.01.2024) cambios en la legítima defensa y el endurecimiento de penas para quienes participen en piquetes dentro de su intervención en el plenario de comisiones que analiza en el Congreso la denominada Ley ómnibus, proyecto estrella del Gobierno de Javier Milei.

Se trata de un endurecimiento de las penas -que incluirán prisión- tanto para las personas manifestantes como para las organizadoras de piquetes; además, se requerirá que las protestas se notifiquen con 48 horas de anterioridad al Ministerio de Seguridad, que podrá oponerse a la celebración de la manifestación o modificar el día y lugar.

La ministra dio a conocer que entre 2009 y 2023 hubo 85.000 piquetes, que implicaron "una pérdida de comercios, de horas de trabajo, de llegar al lugar de trabajo y una discriminación por dónde vive la gente", en alusión a que ciertos accesos a Buenos Aires sufren más cortes que otros.

Algunas de estas medidas estaban incluidas en el protocolo antipiquetes que presentó Bullrich poco después de que asumiera el actual Gobierno, el 10 de diciembre de 2023, que estableció que las protestas solo podrán llevarse a cabo sobre las veredas (aceras) y permitió que las fuerzas de seguridad aplicadas al operativo puedan portar armas de fuego.

Además, incluyó multas a los entes organizadores y manifestantes, que deberán correr con los gastos de los operativos de seguridad.

Por otro lado, Bullrich indicó que buscarán modificar el concepto de la legítima defensa, en particular con la interpretación del uso de las fuerzas para repeler un delito a favor de la persona que va a impedir "la muerte de una persona o el ataque hacia él o terceros".

"El Estado le da el monopolio de las fuerzas a los miembros de la seguridad del país, y cuando debe utilizar su arma de fuego, si el delincuente posee una réplica, se termina considerando que no hay proporcionalidad en el uso de la fuerza para el policía", explicó la funcionaria.

Otra de las modificaciones tiene que ver con los posibles enfrentamientos una vez que el delincuente huya de la escena del crimen. La titular de Seguridad afirmó que si un agente repele un ataque mientras el agresor huye continuará bajo la órbita de legítima defensa. "Hay infinidad de casos, donde robos en moto, al huir de la escena, disparan hacia atrás, y si el agente repele ese ataque sufre las consecuencias", argumentó.

ama (efe, la nación)