El latente “apartheid” social de Brasil

Aún en 2019, los brasileños todavía siguen siendo testigos de cómo algunos de ellos son azotados y torturados. Muchas personas se preguntan por qué al ver el video en el que un afrobrasileño de 17 años, desnudo y amordazado, es torturado a latigazos por un guardia de seguridad de un supermercado en Sao Paulo, mientras otro guardia lo graba. 

La tortura -así quedó registrado ese hecho en el boletín policial del Distrito 80 de Sao Paulo- es un delito en Brasil desde el año 1997,pero todavía sigue siendo una práctica llevada a cabo por funcionarios de la Policía o de las cárceles, según un informe de la ONU. Y también por guardias de seguridad de establecimientos privados, como supermercados y centros comerciales, junto con lesiones corporales e insultos y discriminación racistas, según un estudio de la organización brasileña de derechos humanos Comisión Arns.

El adolescente fue azotado en junio de este año en un supermercado de la cadena "Ricoy” en el barrio "Vila Joaniza”, en el sur de esa metrópoli del sureste del país, supuestamente por haber robado chocolates. Pero el delito no se hizo público hasta la semana pasada. Durante los últimos días se dieron a conocer casos parecidos de tortura, en otras partes de esa misma empresa. En uno de los casos, una foto muestra a un hombre atado, con heridas causadas por latigazos.

La cadena de supermercados subrayó en una nota de prensa que estaba horrorizada por la "violencia sin motivo ni sentido”, que cooperaría en la investigación y que apoyaría a la víctima. Los dos vigilantes de seguridad sospechosos están en prisión preventiva.

No se trata de un caso aislado en Brasil

El delito de tortura en el supermercado "Ricoy” no es un caso único, y revela, según expertos, aspectos estructurales que todavía están profundamente anclados en la sociedad brasileña, aún 130 años después de la abolición de la esclavitud. Ejemplos de ellos son el racismo, la desigualdad en lo referente a los derechos, y la violencia por parte de guardias de seguridad privados.

La tortura, que antes fue un instrumento para controlar y oprimir a los eslavos, no fue reconocida como un problema sino hasta comienzos de la dictadura militar (1964-1985), porque en esa época hubo por primera vez presos políticos blancos, generalmente de clase media, que fueron torturados, dijo a DW Paulo Sérgio Pinheiro, exministro de Derechos Humanos durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), y miembro de la Comisión Arns.

Sin embargo, la población pobre y de piel oscura, todavía pertenece a las "clases que pueden ser torturadas”. "Incidentes parecidos siguen existiendo, por ejemplo, en supermercados o centros comerciales, porque los sospechosos no son los clientes blancos, sino los negros y pobres”, dice Pinheiro. "Ya no habría tortura en Brasil si los blancos de la clase media y de la élite fueran torturados, porque la clase influyente, compuesta por blancos, no lo permitiría”, añade el experto.

Sérgio Adorno, director del Núcleo de Estudios de Violencia, de la Universidad de Sao Paulo (USP), piensa que la esclavitud sigue siendo parte del subconsciente colectivo de la sociedad brasileña. "Brasil cambió mucho, pero sigue habiendo huellas del legado de la esclavitud, por ejemplo en este caso. La idea de que algunos cuerpos pueden ser usados por otros como si fueran objetos, todavía tiene un peso significante en la sociedad”, dice.

El experto ve este caso como un ejemplo del acceso desigual al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, opuesto drásticamente a los principios fundamentales de una sociedad moderna.

"En todos los países en los que hay democracia también hay desigualdad, pero existe una consciencia común de que hay que preservar la vida misma, y eso nunca lleva a que las vidas de ciertos personas sean menos valiosas que las de otras. En nuestra sociedad, las vidas tienen valores diferentes; todavía no logramos encontrar qué hay en común entre nosotros”, explica Adorno.

Tolerancia hacia la violencia

El incidente en el supermercado "Ricoy” es el más actual de una larga serie de delitos cometidos por guardias privados de seguridad. Muchas de esas empresas son propiedad de expolicías y están siendo registrados en las listas de Arns.

Según Pinheiro, el incidente es representativo de un patrón que se repite en supermercados y centros comerciales en todo Brasil. "En esos lugares existe un apartheid no escrito. Es suficiente que un niño o joven negro se vaya a algún lugar, y ya lo empieza a seguir un guardia”, dice.

Tan pronto como se hace público un delito de este tipo, las empresas implicadas también siguen un patrón determinado, dice el exdirector de la Comisión de la ONU de la Investigación de la Violación de los Derechos Humanos en Siria. A menudo publican una nota de prensa en la que la empresa condena la violencia y promete medidas en contra de esta. "Es un discurso vacío. Raras veces los vigilantes de seguridad responsables son condenados”, añade Pinheiro.

Él duda que las empresas no sepan nada sobre el comportamiento de sus guardias de seguridad. "El látigo [en el caso del supermercado "Ricoy”] ya estaba listo allí, y toda la empresa conocía el cuarto al que los guardias llevaban a las personas”, explica el experto. "No habrían hecho eso si no contaran con tolerancia al respecto", subraya.

Cultura política que permite la tortura

El hecho de que guardias de seguridad particulares en empresas privadas actúen como si fueran jueces en condiciones de decidir y ejecutar una sentencia demuestra, según Adorno, lo fácil que es cruzar el límite entre el espacio público y el privado en Brasil. Sobre todo, en medio de una cultura política que tolera esa flexibilidad: "La capacidad de castigar es una atribución de la Justicia, pero los agresores se apoderan de eso, de una forma no moderna, con un castigo que marca el cuerpo y la identidad del adolescente.”

Afirma que el Estado es responsable de las violaciones causadas por la tortura, ya sea que ocurran en edificios públicos de manos de sus agentes, o en establecimientos particulares, donde por omisión se tolera a agentes privados que practican actos de violencia.

"La idea de que se necesita vigilancia privada para garantizar la integridad de un negocio es aceptable, pero hay límites. Con las cámaras de seguridad, hay formas de llamar a la Policía y actuar, todo dentro de la ley. Este episodio muestra nuestra llegada incompleta al mundo moderno ", dice Adorno.

Según una encuesta de Globo News, 24 personas fueron arrestadas en Sao Paulo por el delito de tortura de enero a julio de 2019. En el mismo período de 2018 fueron 22, yen  2017, diez. Un número "pequeño", según Pinheiro.

"Si Sao Paulo, que es un estado rico, con un sistema judicial bien establecido, tiene estos números bajos, imagínese en el resto del país. La inmunidad de la tortura prevalece allí", subraya, por su parte, Sérgio Adorno.

(mm/cp)

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